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Naturaleza de Derechos - 3 de Marzo de 2017.

HA LLEGADO UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA AGRICULTURA

LA RELATORÍA DE DERECHO

A LA ALIMENTACIÓN DE LA ONU 

ConDENA AL AGRONEGOCIO Y RECLAMA POR UN MODELO PLENAMENTE

AGROECOLÓGICO

El 27 de Febrero de 2017 se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su sesión Nro 34, el reporte sobre el derecho a la alimentación adecuada en relación a los agrotóxicos realizado por el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación en colaboración con el Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.

En su momento ambas relatorías habían realizado un llamamiento internacional a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas para que realizaran los aportes desde sus perspectivas para ser consideradas en el reporte.

A esa convocatoria respondieron sólo 7 Organizaciones no Gubernamentales (Helvetas Swiss Intercooperation, IBFAN and GIFA, NCD Alliance, PAN India, PAN submission to UNCRC, PANAP, University of Bern and Probioma Bolivia) a las que deben sumarse el informe único por Argentina de las más de 40 organizaciones y asambleas que lo suscribieron. Agrotóxicos, Evaluación de Riegos, Salud & Alimentos en Argentina

El reporte  es contundente y recepta muchas de las observaciones realizadas en el informe argentino. Ante todo deja en claro que el modelo del agronegocio no tiene respaldo jurídico en los documentos internacionales al desproteger a los seres humanos y el ambiente. Textualmente reza: "No obstante que el presente informe ha ilustrado que no hay escasez de Legislación internacional y nacional, así como directrices no vinculantes, los instrumentos legales no protegen a los seres humanos y al medio ambiente de los Pesticidas".

Afirma que la implementación del derecho a una alimentación y salud adecuadas requiere medidas para eliminar los pesticidas nocivos; y las empresas tienen la responsabilidad de garantizar que los productos químicos que producen y venden, no suponen amenazas a estos derechos.

En relación a los informes de organismos públicos, solo lo hicieron los correspondientes a 31 países - tan sólo 4 de América: Uruguay, Perú, Guatemala, Cuba -. Argentina, Paraguay y Brasil principales países con mayor uso de agrotóxicos en el cono sur de America, brillaron por su ausencia.

Ninguna empresa aportó información.

Las relatorías señalan que sigue habiendo una falta general de conciencia de los peligros que plantean ciertos plaguicidas, condición exacerbada por los esfuerzos de la industria para minimizar los daños, con el acompañamiento de Gobiernos complacientes que a menudo hacen afirmaciones engañosas de que la legislación vigente y los marcos reglamentarios proporcionan una protección suficiente.

Se indica en el reporte que si bien los esfuerzos para prohibir y regular adecuadamente el uso de plaguicidas son necesarios y van en la dirección correcta, el método más efectivo en el largo plazo de reducir la exposición a estos tóxicos químicos es alejarse de la agricultura industrial.

De modo rotundo se afirma que hemos llegado a un punto de inflexión en la agricultura. El modelo agrícola dominante actual es altamente problemático, no sólo los daños causados por los plaguicidas, sino también sus efectos sobre el cambio climático la biodiversidad y la incapacidad de garantizar la soberanía alimentaria.

Dicen las relatorías que estas cuestiones están íntimamente entre sí y deben abordarse conjuntamente para garantizar que se alcance el derecho a la alimentación a su máximo potencial. Los esfuerzos para combatir los plaguicidas peligrosos sólo tendrán éxito si los factores ecológicos, económicos y sociales están integrados en las políticas de estado, tal como se articulan en los objetivos de desarrollo sostenible.

En cuanto a la voluntad política, el reporte advierte que se necesita de la misma para reevaluar y desafiar los intereses creados, los incentivos y las relaciones de poder que mantienen en vigor la agricultura industrial dependiente de agroquímicos. Las políticas agrícolas, los sistemas comerciales y la influencia de las corporaciones en las políticas públicas deben ser desafiados si queremos alejarnos de los sistemas alimentarios industriales dependientes de los plaguicidas.

 

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Por ultimo, se concluye que la comunidad internacional debe trabajar en un tratado integral y vinculante para regular los pesticidas peligrosos a lo largo de su ciclo de vida, teniendo en cuenta los principios de derechos humanos. Dicho instrumento debería:
A) Tratar de eliminar los dobles standarts existentes entre los países que son particularmente perjudiciales para los países con sistemas reguladores más débiles;
B) Generar políticas para reducir el uso de plaguicidas en todo el mundo y elaborar un marco para la prohibición y eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos;
C) Promover la agroecología;
D) Imponer responsabilidad estricta a los productores de plaguicidas.

En relación a  las recomendaciones, las relatoría fueron muy precisas y sugieren a los Estados la realización de los siguientes puntos:

(A) Desarrollar planes de acción nacionales integrales que incluyen incentivos para apoyar alternativas a los plaguicidas peligrosos, así como iniciar la vinculación y objetivos de reducción medibles con plazos;

B) Establecer sistemas que permitan a diversos organismos nacionales responsables de la agricultura, la salud pública y el medio ambiente cooperar eficazmente para hacer frente a los efectos adversos de los plaguicidas y mitigar los riesgos relacionados con su uso indebido y su uso excesivo;

C) Establecer procesos imparciales e independientes de evaluación de riesgos y de registro de los plaguicidas, con los requisitos de información completa del productor. Tales procesos deben basarse en el principio de precaución, teniendo en cuenta los efectos peligrosos de los pesticidas sobre la salud humana y el medio ambiente;

D) Considerar las alternativas no químicas en primer lugar y sólo permitir que se registren sustancias químicas cuando pueda demostrarse la necesidad;

E) promulgar medidas de seguridad para garantizar la protección adecuada de las mujeres embarazadas, los niños y otros grupos particularmente susceptibles a la exposición a los plaguicidas;

F) Financiar estudios científicos exhaustivos sobre los efectos potenciales para la salud de los plaguicidas, incluida la exposición a una mezcla de productos químicos, así como múltiples exposiciones a lo largo del tiempo;
 

G) Garantizar un análisis riguroso y regular de los alimentos y bebidas para determinar los niveles de residuos peligrosos, incluidos los preparados para lactantes y los alimentos de continuación, y hacerla accesible al público;

H) Vigilar estrechamente el uso y almacenamiento de plaguicidas agrícolas para minimizar los riesgos y garantizar que sólo aquellos con la formación necesaria puedan aplicar dichos productos y que lo hagan de acuerdo con las instrucciones y utilizando el equipo de protección adecuado;

I) Crear zonas de amortiguación alrededor de las plantaciones y fincas hasta que se eliminen los plaguicidas, para reducir el riesgo de exposición a los plaguicidas;

J) Organizar programas de capacitación para que los agricultores conozcan mejor los efectos nocivos de los plaguicidas peligrosos y de métodos alternativos;

K) Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho del público a la información, incluido el cumplimiento de los requisitos para indicar el tipo de plaguicidas utilizados y el nivel de residuos en las etiquetas de los productos alimenticios y bebidas;

L) Regular a las empresas para que respeten los derechos humanos y eviten daños ambientales durante todo el ciclo de vida de los plaguicidas;

M) Imponer sanciones a las empresas que fabrican pruebas y difunden información errónea sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente de sus productos;

N) Vigilar a las empresas para que se respeten el etiquetado, las precauciones de seguridad y las normas de formación;

O) Alentar a los agricultores a adoptar prácticas agroecológicas para mejorar la biodiversidad y suprimir naturalmente las plagas y adoptar medidas tales como la rotación de cultivos, la gestión de la fertilidad del suelo y la selección de cultivos apropiados para las condiciones locales;

P) Proporcionar incentivos a los alimentos producidos orgánicamente mediante subvenciones y asistencia financiera y técnica, así como mediante la contratación pública;

Q) Alentar a la industria de plaguicidas a que adopte métodos alternativos de lucha contra las plagas;

R) Eliminar los subsidios a los plaguicidas y, en su lugar, iniciar los impuestos sobre los plaguicidas, los aranceles de importación y las tasas de uso de plaguicidas.

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El reporte además de las conclusiones y recomendaciones contienen otras cuatro secciones: Introducción, descripción de los impactos en la salud, ambiente, comunidades indígenas, niños y mujeres embarazadas, trabajadores, consumidores, la estructura legal en el ámbito internacional; los desafíos en la materia y lo que este llegando. 

Introducción del Reporte.

En la introducción el reporte reconoce que los plaguicidas son una preocupación mundial por los derechos humanos, y su uso puede tener consecuencias muy perjudiciales para el disfrute del derecho a la alimentación.

Se define a los plaguicidas como cualquier sustancia o mezcla de sustancias de ingredientes químicos y biológicos destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o regular el crecimiento de las plantas, señalando que son responsables de 200.000 muertes por intoxicación aguda cada año. Si bien los registros sobre el uso global de plaguicidas son incompletos, generalmente se acuerda que las tasas de aplicación han aumentado dramáticamente en las últimas décadas.

Las relatorías ponen crisis el argumento que la agricultura industrial intensiva, que depende en gran medida de los insumos de plaguicidas, es necesaria para aumentar los rendimientos a fin de alimentar a una población mundial creciente, ya que en los últimos 50 años, la población mundial se ha más que duplicado, mientras que la tierra cultivable disponible sólo ha aumentado en un 10 por ciento.

La revolución tecnológica en la producción de alimentos ha ayudado a mantener la producción agrícola en la demanda de alimentos pero a expensas de la salud humana y el medio ambiente, y además - afirma el reporte -  no ha logrado eliminar el hambre en todo el mundo. La dependencia de los plaguicidas peligrosos es una solución a corto plazo que socava los derechos a una alimentación y salud adecuadas para las generaciones presentes y futuras.

A continuación se afirma de modo lacónico que los plaguicidas causan una serie de daños. Se señala que las escorrentías de los cultivos tratados contaminan con frecuencia el ecosistema circundante y más allá, con consecuencias ecológicas impredecibles.

Además - se señala que -  las reducciones en las poblaciones de plagas alteran el complejo equilibrio entre depredadores y especies de presas en la cadena alimentaria, desestabilizando así el ecosistema. Los plaguicidas también pueden disminuir la biodiversidad de los suelos y contribuir a la fijación de nitrógeno, lo que puede conducir a grandes caídas en los rendimientos de los cultivos, planteando problemas para la seguridad alimentaria.


 

Luego apunta una de las cuestiones que se formularon en el Informe Argentino, al señalar que mientras que la investigación científica confirma los efectos adversos de los plaguicidas, demostrar un vínculo definitivo entre la exposición y las enfermedades o condiciones humanas, o daños al ecosistema presenta un desafío considerable. Este desafío se ha visto exacerbado por una negación sistemática, alimentada por los plaguicidas y la agroindustria, de la magnitud de los daños infligidos por estos productos químicos, y las tácticas de marketing agresivas y poco éticas siguen sin ser cuestionadas.

En cuanto al derecho a la alimentación adecuada y su afectación por el uso de agrotóxicos, las relatorías dan definiciones muy enriquecedoras.

Afirman que la exposición a los plaguicidas puede tener graves repercusiones en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada, así como el derecho a la salud.

El derecho a la alimentación obliga a los Estados a aplicar medidas de protección y requisitos de inocuidad de los alimentos para garantizar que los mismos sean seguros, libres de plaguicidas y sean adecuados desde el punto de vista cualitativo. Además, las normas de derechos humanos exigen que los Estados protejan a los grupos vulnerables, como los trabajadores agrícolas y las comunidades agrícolas, los niños y las mujeres embarazadas de los efectos de los plaguicidas.

Aunque algunos tratados multinacionales e iniciativas no vinculantes ofrecen limitadas protecciones, no existe un tratado integral que regule los plaguicidas altamente peligrosos, dejando una brecha crítica en el marco de protección de los derechos humanos. Sin o con un uso mínimo de productos químicos tóxicos, es posible producir alimentos más saludables y ricos en nutrientes, con mayores rendimientos a largo plazo, sin contaminar y agotar los recursos ambientales.

Concluye el informe al respecto que la solución requiere un enfoque holístico del derecho a una alimentación adecuada que incluya la eliminación progresiva de los plaguicidas peligrosos y la aplicación de un marco normativo eficaz basado en un enfoque de derechos humanos, junto con una transición hacia prácticas agrícolas sostenibles que tengan en cuenta los retos de escasez de recursos y clima cambio.

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Foto Pablo Piovano



Impactos de los agrotóxicos.

En el capitulo II el informe da precisiones sobre el impacto a la salud que provoca el uso de agrotóxicos ya sea en forma directa (fumigaciones aéreas y terrestres) o indirecta (consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos) y el ambiente. Se trata seguramente del capitulo mas importante del Reporte.

Se comienza apuntando que pocas personas no están afectadas por la exposición a pesticidas. Pueden estar expuestos a través de alimentos, agua, aire o contacto directo con plaguicidas o residuos. Sin embargo, dado que la mayoría de las enfermedades presentan causas múltiples y teniendo en cuenta que los individuos tienden a estar expuestos a una mezcla compleja de sustancias químicas en su vida cotidiana, establecer un vínculo causal directo entre la exposición a pesticidas y sus efectos puede ser un reto para la rendición de cuentas y para las víctimas que buscan el acceso a un recurso efectivo.

En sintonía con el informe Argentino, las relatorías sostienen que el uso persistente de plaguicidas, en particular agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, se ha relacionado con una serie de efectos adversos para la salud, tanto a niveles de exposición altos como bajos. "El aumento de enfermedades crónicas no transmisibles y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas, enfermedades oncológicas y hematológicas , así como el daño en el aparato cognoscitivo en especial en los niños, enfermedades todas ellas que guardan relación directa y  proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos y OGM en la Argentina en los últimas dos décadas. " Agrotóxicos, Evaluación de Riegos, Salud & Alimentos en Argentina, Pág. 3. 12/2016

En tal sentido se señala que son de gran preocupación los efectos de la exposición crónica a los plaguicidas peligrosos. La exposición a plaguicidas se ha relacionado con el cáncer, las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, las alteraciones hormonales, los trastornos del desarrollo y la esterilidad. También pueden causar numerosos efectos neurológicos para la salud como pérdida de memoria, pérdida de coordinación, disminución de la capacidad visual y disminución de las habilidades motoras. Otros posibles efectos incluyen asma, alergias e hipersensibilidad. Estos síntomas suelen ser muy sutiles y pueden no ser reconocidos por la comunidad médica como un efecto clínico causado por los pesticidas. Además, los efectos crónicos de los plaguicidas pueden no manifestarse durante meses o años después de la exposición, lo que representa un reto importante para la rendición de cuentas y el acceso a un remedio eficaz, incluidas las intervenciones preventivas.

A pesar de los graves riesgos para la salud humana que han sido bien establecidos para numerosos plaguicidas, siguen en uso. Incluso cuando los plaguicidas han sido prohibidos o restringidos, el riesgo de contaminación puede persistir durante muchas décadas y pueden seguir acumulándose en las fuentes de alimentos. En muchos casos, los posibles impactos sobre la salud no han sido ampliamente estudiados antes de que los pesticidas sean colocados en el mercado.

Esto es particularmente cierto para los ingredientes "inactivos" que se añaden para aumentar la eficacia del ingrediente activo del pesticida y que pueden no ser probados y rara vez se revelan en las etiquetas del producto. Además, no se han estudiado adecuadamente los efectos combinados de la exposición a múltiples plaguicidas en los alimentos, el agua, el suelo y el aire.

Sobre lo que señalan las relatorías, fue apuntado en el informe argentino. En cuanto a los formulados comerciales, la situación es alarmante. Como ya adelantamos, la reglamentación actual no exige sobre los mismos, una evaluación de los efectos crónicos, carcinogenéticos, tetarogénicos  ni genotóxicos. Cuando la ciencia digna señala que los hay.

 A su vez, la reglamentación, no exige a las empresas – a diferencia de lo que sucede con los principios activos – un aval científico de los estudios y evaluaciones que se presentan para obtener la autorización de comercialización. Y ello representa una verdadera situación de riesgo de daño grave e irreparable para la salud humana, el ambiente y la biodiversidad, ya que el formulado comercial es el que efectivamente se aplica y termina en el ambiente, agua , suelo  y los alimentos. Muchos de los formulados existentes en el mercado conllevan hasta tres principios activos por lo tanto deben analizarse también los efectos sinérgicos. Además las composiciones se integran con productos denominados –maliciosamente- "inertes" que en la totalidad de los casos se los desconoce por la invocación del secreto comercial que realizan las empresas, y que pueden, a la postre, resultar hasta de igual o más peligrosos que el mismo principio activo. Agrotóxicos, Evaluación de Riegos, Salud & Alimentos en Argentina, Pág. 61-63. 12/2016

Siguiendo con los impactos de los agrotóxicos, las relatorías describen a los grupos que tienen un riesgo sustancialmente mayor de exposición a plaguicidas.

En primer punto, consideran a los trabajadores agrícolas que están expuestos rutinariamente a los pesticidas tóxicos vía el aerosol, la deriva o el contacto directo con los cultivos o el suelo tratados, de derrames accidentales o de equipo de protección personal inadecuado. Consideran que aún cuando sigan las precauciones de seguridad recomendadas, aquellos que aplican pesticidas están sujetos a mayores niveles de exposición. Las familias de los trabajadores agrícolas también son vulnerables, ya que los trabajadores traen residuos de plaguicidas a su piel, ropa y zapatos.

En segunda instancia enumera a aquellos que viven cerca de tierras agrícolas industriales y plantaciones también pueden estar en grave riesgo de exposición a pesticidas. La fumigación aérea de pesticidas es particularmente peligrosa, ya que los productos químicos pueden derivar a lugares cercanos. Las comunidades pueden verse forzadas a residir más cerca de las áreas de uso de pesticidas debido a limitaciones financieras o de otro tipo, y la desnutrición que puede acompañar a la pobreza extrema puede exacerbar los efectos adversos para la salud de los pesticidas tóxicos. Por ejemplo, bajos niveles de proteína, que dan como resultado niveles bajos de enzimas, aumentan la vulnerabilidad a los insecticidas organofosforados.

En tercera instancia refiere a las comunidades indígenas, advirtiendo que en varios países, los agronegocios han tomado posesión de tierras pertenecientes a comunidades indígenas y minoritarias y han instituido una agricultura intensiva dependiente de plaguicidas. Como resultado, las comunidades pueden verse forzadas a vivir en situaciones marginales junto a estas fincas, exponiéndolas regularmente a la deriva de plaguicidas.

Las relatorías denuncian que las fuentes tradicionales de alimentos de los pueblos indígenas suelen encontrarse con altos niveles de plaguicidas. Esto también es cierto en el Ártico, porque los productos químicos viajan hacia el norte a través del transporte ambiental a gran distancia en el viento y el agua, bioacumulando y biomagnificando en alimentos tradicionales como mamíferos marinos y peces. Los pueblos indígenas en el Ártico se encuentran con pesticidas peligrosos en sus cuerpos que nunca fueron utilizados cerca de sus comunidades, y sufren de tasas por encima del promedio de cáncer y otras enfermedades.

En cuarta instancia se menciona a los niños y mujeres embarazadas. Sobre ellos se apunta que Los niños son más vulnerables a la contaminación por pesticidas, ya que en su desarrollo y, debido a su tamaño más pequeño, están expuestos a una dosis más alta por unidad de peso corporal; Los niveles y la actividad de las enzimas clave que desintoxican los pesticidas son mucho menores que en los adultos.

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"La evolución tecnológica en la producción de alimentos

ha ayudado a mantener la producción agrícola en la demanda de alimentos

pero a expensas de la salud humana y el medio ambiente,

y además - afirma el reporte -  no ha logrado eliminar

el hambre en todo el mundo.

El derecho a la alimentación obliga a los Estados

a aplicar medidas de protección y requisitos de inocuidad de los alimentos

para garantizar que los mismos sean seguros, libres de plaguicidas

y sean adecuados desde el punto de vista cualitativo."


Se afirma que los efectos en la salud relacionados con la exposición de los niños a los plaguicidas incluyen el deterioro del desarrollo intelectual, los efectos adversos del comportamiento y otras anomalías del desarrollo. Investigaciones emergentes revelan que la exposición a niveles incluso bajos de plaguicidas, por ejemplo a través de la deriva del viento o residuos en los alimentos, puede ser muy perjudicial para la salud de los niños, alterando su crecimiento mental y fisiológico y posiblemente llevando a una vida de enfermedades y trastornos.

A las relatorías en la presentación argentino se les hizo saber la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo de la Nación, a través de la Resolución nº 29/2014, señalándose que la misma es contundente: reconoce que efectivamente, en los niños, niñas y adolescentes los órganos respiratorios están más cerca del suelo, donde los residuos tóxicos suelen acumularse; tienen una superficie dérmica de absorción 2,7 veces mayor que en los adultos; consumen por unidad de peso, proporcionalmente, más cantidad de frutas y vegetales que los adultos; su actividad metabólica y el gasto calórico, son mayores a menor edad, con lo cual tienen mayor absorción neta de los tóxicos frente a una misma fuente de exposición; tienen una mayor proporción de agua corporal total, y menor grasa corporal donde las sustancias lipofílicas puedan almacenarse. Agrotóxicos, Evaluación de Riegos, Salud & Alimentos en Argentina, Pág. 32. 12/2016

En cuanto a las mujeres embarazadas se reconoce que están expuestas a pesticidas están en mayor riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y defectos de nacimiento. En base a los estudios recolectados se han encontrado regularmente un cóctel de pesticidas en las cuerdas umbilicales y las primeras heces de los recién nacidos, lo que demuestra la exposición prenatal. La exposición a pesticidas puede ser transferida de cualquiera de los padres. El período más crítico para la exposición del padre es de tres meses antes de la concepción, mientras que la exposición materna es más peligrosa desde el mes antes de la concepción hasta el primer trimestre del embarazo.

La evidencia reciente sugiere que la exposición de los pesticidas por las madres embarazadas conduce a un mayor riesgo de leucemia infantil y otros tipos de cáncer, autismo y enfermedades respiratorias. Por ejemplo, los plaguicidas neurotóxicos pueden atravesar la barrera placentaria y afectar el desarrollo del sistema nervioso del feto, mientras que otros productos químicos tóxicos pueden afectar negativamente a su sistema inmunológico no desarrollado.

Los plaguicidas también pueden pasar a través de la leche materna. Sobre ello el informe Argentino denuncio que "los Hospitales Materno Infantiles de nuestro país, desde hace largo tiempo, alertan sobre la presencia de agrotóxicos en la leche materna y si sumamos a los trabajos de la Dra Stephanie Seneff del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que señala al glifosato como responsable del mayor número de enfermedades neurológicas en los niños, estamos ante un lamentable vaticinio si se adoptan medidas urgentes: el 50% de ellos serán autistas en el 2025." Agrotóxicos, Evaluación de Riegos, Salud & Alimentos en Argentina, Pág. 83. 12/2016. Esto es particularmente preocupante, dicen las relatorías, ya que la leche materna es la única fuente de alimento para muchos bebés y su metabolismo no está bien desarrollado para luchar contra los productos químicos peligrosos. Los plaguicidas también se encuentran en la fórmula del bebé, o en el agua con la que se mezcla.

Las relatorías también hacen referencia en la afectación de los derechos de los consumidores que son expuestos al consumo de alimentos con residuos de pesticidas que se encuentran comúnmente en dos fuentes de alimentos vegetales y animales, y de donde surge el riesgo de exposición significativas para los consumidores.

Esto también denunció en el informe argentino señalándose que "Existen informes de los propios entes estatales que dan cuenta de la presencia de agrotóxicos en la mayoría de los controles realizados, sin embargo, las autoridades no han implementado medidas concretas, ni profundizado ni mejorado los controles, por lo tanto los usuarios y consumidores de plaguicidas (productores de hortalizas y frutas) no toman conciencia de la gravedad del problema y siguen usándolos libremente." - Agrotóxicos, Evaluación de Riegos, Salud & Alimentos en Argentina, Pág. 47. 12/2016

Las relatorías admiten que las huellas de agrotóxicos pueden permanecer en las frutas y verduras que se tratan ampliamente con los mismos antes de llegar al consumidor. Los niveles más altos de pesticidas a menudo se encuentran en las legumbres, verduras de hoja verde y frutas como manzanas, fresas y uvas, tal como se denuncio en el informe Argentino. De modo preocupante se señala que mientras lavar y cocinar puede reducir los niveles, la preparación de alimentos - por el contrario, a veces - puede aumentar estos niveles. Además, muchos de los pesticidas utilizados en la actualidad son sistémicos - tomada a través de las raíces y distribuidos por toda la planta - y por lo tanto el lavado no tendrá ningún efecto.

También pesticidas pueden bioacumularse en los animales de granja a través de alimentos contaminados. Los insecticidas se utilizan a menudo en las aves de corral , mientras que la leche y otros productos lácteos pueden contener una variedad de sustancias a través de la bioacumulación y el almacenamiento en los tejidos grasos de los animales. Esto es de particular preocupación ya que la leche de vaca es a menudo un componente básico de la dieta humana, especialmente para los niños.

En cuanto al agua potable las relatorías dan cuenta del riesgo de contaminación que representan los agrotóxicos a los acuíferos. Concretamente señalan: los plaguicidas también representan una amenaza grave en términos de agua potable, sobre todo en las zonas agrícolas, que a menudo dependen del agua subterránea. Si bien los plaguicidas aplicados a los campos pueden tardar varios decenios en aparecer en los pozos de agua, los altos niveles de herbicidas en terrenos agrícolas han causado ya problemas de salud en algunas comunidades.

Afortunadamente el Reporte no obstante estar centralizado en la alimentación apunta los impactos de los agrotóxicos en el ambiente.

Se parte del concepto de que los pesticidas pueden persistir en el medio ambiente durante décadas y representan una amenaza global para todo el sistema ecológico del que depende la producción de alimentos.

Paso seguido se reconoce que el uso excesivo y mal uso de pesticidas tiene como resultado la contaminación de las fuentes de los alrededores de suelo y agua, causando la pérdida de la biodiversidad, la destrucción de las poblaciones de insectos beneficiosos que actúan como enemigos naturales de las plagas y reducir el valor nutritivo de los alimentos. Puntualmente se señala que los pesticidas contaminan y degradan los suelos en diversos grados y que la contaminación del agua puede ser igualmente dañina.

En el informe Argentino se dio cuenta de ello y mas concretamente el agua de los ríos.

Así se informó que "son varias las investigaciones y estudios científicos que ya han reportado casos de contaminación de cursos de aguas superficiales y subterráneas con agrotóxicos. El más reciente refiere al Río Paraná, un importante curso de agua dulce que atraviesa la Argentina y el centro de la zona sojera.

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En el trabajo "Glifosato y su metabolito ampa en la cuenca del Rio Paraná, en especial en las aguas y sedimentos de sus afluentes del tramo medio e inferior" realizado por investigadores de la Universidad de la Plata A. E. Ronco, D. J. G. Marino, M. Abelando, P. Almada y C. D. Apartin y publicado en la revista internacional "Enviromental Monitoring ad Assessment" - en el mes de Agosto de 2016 se concluyó - que se advierten "altos niveles" de glifosato y su degradación, el metabolito AMPA, "en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios, de acuerdo con la agricultura intensiva que se desarrolla en la región". Agrotóxicos, Evaluación de Riegos, Salud & Alimentos en Argentina, Pág. 55. 12/2016.

También se advierte que mientras que los sistemas reguladores centran su preocupación en los riesgos de salud por los residuos de plaguicidas, se minimizan los efectos de estos en los organismos no objetivo.

Y se pone por ejemplo, los neonicotinoides - que justamente desde Naturaleza de Derechos estamos cuestionando fuertemente en Argentina -, que son un tipo común de insecticidas sistémicos, diseñado para dañar el sistema nervioso central de las plagas objetivo, pero que también pueden causar daño a los invertebrados beneficiosos, así como las aves, mariposas y otros animales salvajes.

La relatoría reconoce explícitamente que los neonicotinoides son acusados de ser responsables de "desorden del colapso de colonias" de las abejas en todo el mundo. Este descenso amenaza la base misma de la agricultura, teniendo en cuenta que las abejas silvestres y las abejas administradas juegan el papel más importante en la polinización de los cultivos. De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), de algunas especies de cultivo 100 (que proporcionan el 90 por ciento del mundial de alimentos), el 71 por ciento son polinizadas por las abejas.

Luego el reporte se adentra en los Órganos Genéticamente Modificados señalando que muchos de los pesticidas usados hoy en día, que representan aproximadamente el 60 por ciento de la exposición dietética, son sistémicos. Las semillas tratadas con plaguicidas sistémicos se usan comúnmente en la producción de soja, maíz y cacahuete. Del mismo modo, los cultivos pueden ser genéticamente modificados para producir pesticidas ellos mismos.

Los defensores de los plaguicidas sistémicos y los cultivos modificados genéticamente afirman que al eliminar la pulverización líquida, el riesgo de exposición a los trabajadores agrícolas y a otros organismos no objetivo se reduce considerablemente.

Sin embargo, - reconociendo el cuestionamiento realizado en el informe Argentino - las relatorías admiten que se necesitan más estudios de exposición crónica para determinar la magnitud del impacto de los plaguicidas sistémicos y los cultivos modificados genéticamente en la salud humana, los insectos beneficiosos, los ecosistemas del suelo y la vida acuática.

Por ejemplo, se han desarrollado variedades transgénicas de maíz y soja capaces de producir endotoxinas de Bacillus thuringiensis (Bt) que actúan como insecticidas. Si bien el uso de cultivos Bt ha llevado a una reducción en el uso de insecticidas sintéticos convencionales, sigue habiendo controversia sobre los posibles riesgos que plantean estos cultivos.

El principal ejemplo de controversia en torno a los cultivos genéticamente modificados es el glifosato, el ingrediente activo de algunos herbicidas, incluido el Roundup, que permite a los agricultores matar las malas hierbas pero no sus cultivos.

Aunque se presentan como menos tóxicos y persistentes en comparación con los herbicidas tradicionales, existe un considerable desacuerdo sobre el impacto del glifosato en el medio ambiente: estudios han indicado impactos negativos sobre la biodiversidad, la fauna y el contenido de nutrientes del suelo.

También - dicen las relatorías - que hay preocupaciones con respecto a la salud humana. Y apuntan que en el año 2015, la OMS anunció que el glifosato era un carcinógeno probable.

Concluyendo este punto se afirma que teniendo en cuenta sus probables efectos graves sobre la salud y el medio ambiente, existe una necesidad urgente de una regulación holística basada en el principio de precaución para abordar el proceso de producción genéticamente modificada y otras nuevas tecnologías a nivel mundial.

 

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"Las relatorías admiten que las huellas de agrotóxicos pueden permanecer en las frutas y verduras que se tratan ampliamente con los mismos antes de llegar al consumidor. Los niveles más altos de pesticidas a menudo se encuentran en las legumbres, verduras de hoja verde y frutas como manzanas, fresas y uvas, tal como se denuncio en el informe Argentino. De modo preocupante se señala que mientras lavar y cocinar puede reducir los niveles, la preparación de alimentos - por el contrario, a veces - puede aumentar estos niveles. Además, muchos de los pesticidas utilizados en la actualidad son sistémicos - tomada a través de las raíces y distribuidos por toda la planta - y por lo tanto el lavado no tendrá ningún efecto."



Estructura legal.

El tercer punto del informe refiere a la estructura legal, tanto a nivel derechos humanos como temática especifica.

A nivel Derechos Humanos se recuerda que el derecho a una alimentación adecuada constituye una garantía de los alimentos necesarios para alcanzar un nivel de vida adecuado. Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha codificado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación general Nº 12 (1999) sobre el derecho a una alimentación adecuada, justifica el derecho a una alimentación adecuada, afirmando que no debe interpretarse en un sentido estrecho o restrictivo y Declarando que la adecuación denota no sólo la cantidad, sino también la calidad. El Comité considera además que el derecho implica alimentos libres de sustancias adversas y afirma que los Estados deben aplicar requisitos de inocuidad de los alimentos y medidas de protección para garantizar que los alimentos sean inocuos y adecuados desde el punto de vista cualitativo.

El reporte realiza una afirmación tajante: Bajo la más estrecha interpretación del artículo 11 y la observación general Nº 12, los alimentos contaminados con plaguicidas no pueden considerarse alimentos adecuados.

En un derrotero inobjetable y a modo de advertencia las relatorías dicen que el derecho a una alimentación adecuada abarca la noción de que su realización no debe interferir con el disfrute de otros derechos humanos. Por lo tanto, los argumentos que sugieren que los plaguicidas son necesarios para salvaguardar el derecho a la seguridad alimentaria y alimentaria chocan con el derecho a la salud, teniendo en cuenta los innumerables impactos negativos para la salud asociados con ciertas prácticas de pesticidas.

La Convención sobre los Derechos del Niño también incluye disposiciones específicas para proteger a los niños de los contaminantes ambientales y apoya el desarrollo infantil. El artículo 6 subraya la obligación de los gobiernos, en la medida de lo posible, de garantizar que los niños sobrevivan y se desarrollen de manera sana.

El párrafo 2 c) del artículo 24 de la Convención hace el vínculo explícito entre los alimentos, el agua y el derecho al más alto nivel posible de salud. Los Estados deben combatir la enfermedad y la malnutrición mediante el suministro de alimentos adecuados y nutritivos y agua potable limpia, teniendo en cuenta los peligros y los riesgos de la contaminación ambiental.

En el párrafo 4 del artículo 24 y en el párrafo 1 del artículo 32, la Convención también pide que la cooperación internacional ayude a los países en desarrollo a lograr esto y exige que los Estados protejan a los niños del trabajo que pueda ser peligroso para su salud o desarrollo físico o mental, Donde usan o pueden estar expuestos a plaguicidas peligrosos. Está claro que garantizar la protección contra los plaguicidas está dentro de los parámetros de la Convención.

Si bien las leyes internacionales de derechos humanos brindan protecciones sustantivas contra las prácticas excesivas e inseguras de plaguicidas. Más comúnmente, un derecho humano que contempla los efectos negativos de los pesticidas está implícito en el derecho a la salud.

Luego se señala la carencia de normas internacionales para responsabilizar a las empresas por violación de derechos humanos.

El reporte señala que las empresas cuyas decisiones "pueden afectar profundamente la dignidad de los individuos y comunidades ", también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. Sin embargo, la naturaleza centralizada del régimen de derechos humanos no da cuenta en gran medida del papel considerable que desempeña el sector empresarial en la violación de los derechos humanos.

La incapacidad del régimen para abordar actores no estatales es particularmente problemática dado que la industria de plaguicidas está dominada por unas pocas corporaciones transnacionales que ejercen un poder extraordinario sobre la investigación agroquímica global, las iniciativas legislativas y las agendas reguladoras.

Ante esa omisión, las relatorías sostienen que si bien las empresas no están directamente vinculadas por los tratados internacionales de derechos humanos, los Principios Rectores que informan a los mismos proporcionan una base normativa ampliamente acordada para evaluar la actividad empresarial.

Aunque se considera que dado el grave y negativo impacto del uso de plaguicidas peligrosos en las personas y en el planeta, un instrumento internacional jurídicamente vinculante para las actividades de las empresas transnacionales sería importante para fortalecer el marco internacional de rendición de cuentas.

En cuanto a los tratados internacionales sobre el medio ambiente han tenido un éxito limitado. Así el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Prohibiciones y Restricciones globales para un cierto conjunto de plaguicidas peligrosos, si bien se ha expandido - a partir de un conjunto inicial de 12- para prohibir o restringir el uso de los productos químicos industriales y los plaguicidas en gran medida obsoletos, su cobertura sigue siendo limitada y muchos plaguicidas altamente peligrosos no entran en su ámbito de aplicación.

El informe no obstante, pone como un buen ejemplo el de un tratado global que reduce el uso y eliminación del metilbromuro en virtud del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. El Protocolo permitió una evaluación de los usos en curso del metilbromuro, la identificación de alternativas viables y un calendario para la transición ordenada a esas alternativas.

Por ultimo se pone de relieve, que en este punto las relatorías destacan las actividades de una serie de organizaciones no gubernamentales, que han incidido de manera considerable en políticas recientes. Así se menciona el caso de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN), por ejemplo, que ha elaborado una lista de plaguicidas altamente peligrosos basándose en su propia definición, que ha resultado de utilidad para los esfuerzos de promoción. También se menciona la iniciativa reciente de la sociedad civil, el Tribunal Internacional Monsanto, que se reunió en La Haya en octubre de 2016, y que atendió denuncias de violaciones de los derechos humanos derivadas de plaguicidas peligrosos ampliamente utilizados. Jueces eminentes escucharon testimonios de las víctimas y se pronunciarán al respecto, siguiendo procedimientos similares a los empleados por la Corte Internacional de Justicia. Si bien estos esfuerzos son útiles para dar publicidad al problema y contribuyen a la elaboración de leyes en el futuro, no pueden proporcionar reparación a las víctimas.

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Desafíos.

El informe da cuenta de los desafíos del régimen actual de los plaguicidas a nivel mundial.

Sobre este punto se destaca la divergencia de los sistemas de protección. En efecto, se sostiene que muchos países en desarrollo han cambiado sus políticas agrícolas de la producción tradicional de alimentos para el consumo local a los cultivos comerciales orientados a la exportación. Bajo fuerte presión para maximizar los rendimientos, los agricultores se han vuelto cada vez más dependientes de los pesticidas químicos.

Sin embargo, el aumento abrupto del uso de plaguicidas no siempre ha ido acompañado de las salvaguardias necesarias para controlar su aplicación. Aproximadamente el 25% de los países en desarrollo carecen de leyes efectivas sobre distribución y uso, mientras que alrededor del 80% carecen de recursos suficientes para hacer cumplir las leyes vigentes sobre plaguicidas.

La mayoría de los países mantienen un límite máximo de residuos, indicando el nivel más alto de plaguicida que se considera seguro para el consumo. El monitoreo de esos niveles puede ayudar a proteger a los consumidores e incentivar a los agricultores a minimizar el uso de pesticidas. Sin embargo, la capacidad de inspección suele faltar, o no existen sistemas adecuados para medir o hacer cumplir los niveles máximos de residuos.

Por otra parte, como los niveles máximos de residuos no son uniformes, los productos alimenticios prohibidos en un país pueden seguir siendo autorizados a entrar en países que permiten niveles más altos. Del mismo modo, aunque los alimentos producidos localmente que contienen altos niveles de residuos de plaguicidas pueden no ser permitidos para la exportación debido a regulaciones más estrictas en el extranjero, pueden todavía ser vendidos domésticamente.

Por último, los acuerdos comerciales internacionales amenazan con reducir los niveles de protección contra los plaguicidas tóxicos, al tiempo que aumentan el riesgo de daños al medio ambiente ya los ciudadanos.

También se apunta que además de las lagunas jurídicas y los criterios duales mencionados anteriormente, existen los problemas derivados del uso excesivo o inexacto de plaguicidas, accidentes y difusión de información errónea y conceptos erróneos por parte de los productores.

Sobre este punto en el Informe Argentino se dio cuenta una suerte de libre albedrío de los agricultores en relación a los agrotóxicos que se utilizan en la Frutihorticultura.

En el derrotero de desafíos se alista los desechos de plaguicidas ya que hay miles de toneladas de Plaguicidas de todo el mundo, algunos de los cuales tienen casi 30 años de antigüedad. Particularmente en los países en desarrollo. Los datos existentes indican que más de 20 por ciento de las existencias de plaguicidas obsoletos consisten en contaminantes orgánicos persistentes. Son altamente tóxicos y compuestos por compuestos orgánicos que son resistentes al degradación. Los plaguicidas no utilizados pueden acumularse y deteriorarse por diversas razones.

Luego se encuentra el desafío del papel del sector privado. Como se observa ha considerado todos los puntos que refieren al agronegocio. En el informe Argentino se recalco este punto.

El reporte señala que el oligopolio de la industria química tiene un enorme poder. Las tres fusiones recientes han descansan seis poderosas corporaciones: Monsanto y Bayer, Dow y Dupont, y Syngenta y ChemChina. Controlando más del 65% de las ventas globales de plaguicidas.

Surgen así graves problemas de conflictos de interés, ya que también controlan casi el 61% de los ventas comerciales de semillas. Los esfuerzos de la industria de plaguicidas para influir en los reguladores han obstruido las reformas y han paralizado las restricciones mundiales de plaguicidas en todo el mundo.

Se denuncia que las empresas suelen impugnar evidencias científicas de los peligros relacionados con sus productos, y algunos incluso están acusados ​de fabricar pruebas deliberadamente para infundir incertidumbre científica y retrasar las restricciones.

Otras prácticas atroces incluyen la infiltración en las agencias reguladoras federales a través del sistema de "puertas giratorias", con los empleados cambiando entre las agencias reguladoras y la industria de plaguicidas. Los fabricantes de plaguicidas también cultivan asociaciones estratégicas "públicas-privadas" que defienden su no culpabilidad o ayudan a reforzar la credibilidad de las empresas. Las empresas también donan sistemáticamente a instituciones educativas que realizan investigaciones sobre plaguicidas, y estas instituciones se están volviendo dependientes de la industria debido a la disminución de la financiación pública.

En ese norte, las relatorías también dan cuenta del caso de los Neonicotinoides en Europa cuando se montó una campaña previa a la decisión de la Unión Europea en 2013 para prohibirlo, por parte de la industria química, supuestamente con apoyo del Gobierno del Reino Unido, para torcer las conclusiones públicamente controvertidas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre el riesgo inaceptable de los neonicotinoides a las abejas.

Syngenta incluso habría amenazado con demandar a funcionarios individuales de la Unión Europea implicados en la publicación del informe de la Autoridad. Bayer y Syngenta siguen negándose a divulgar sus propios estudios que demostraron los efectos nocivos de sus plaguicidas sobre las abejas a dosis altas.

También el reporte denuncia que científicos que descubren riesgos para la salud y el medio ambiente en detrimento de los intereses pueden enfrentar graves amenazas a su reputación, e incluso a sí mismos. Uno de los los ejemplos más destacados son las acciones de Novartis (más tarde Syngenta), productora de atrazina, que participan en una campaña para desacreditar a los científicos cuyos estudios sugieren una afectación a la salud y los impactos ambientales de este plaguicida.

A pesar de sus esfuerzos, las investigaciones los científicos validaron en gran parte los hallazgos originales. En 2012, Syngenta resolvió una demanda colectiva 20 empresas de servicios de agua, pagando 105 millones de dólares para cubrir los costos de eliminación de atrazina de los suministros de agua afectados.

 

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"La agroecología, considerada por muchos como la base de una agricultura sostenible, sustituye a los químicos por la biología. Es el estudio integrador de la ecología de todo el sistema alimentario, abarcando dimensiones ecológicas, económicas y sociales. Promueve prácticas agrícolas que se adaptan a los ambientes locales y estimulan interacciones biológicas entre diferentes plantas y especies para construir la fertilidad a largo plazo y la salud del suelo."



Lo que está llegando: La Agroecologia

Las relatorías en este capítulo son auspiciosas. Parten describiendo una realidad que es innegable: hoy en día, los plaguicidas peligrosos están en uso excesivo, causando daños en la salud humana y en los ecosistemas de todo el mundo, y su uso está a punto de aumentar en los próximos años.

Pero - señalan - que existen prácticas más seguras que pueden seguir desarrollándose para minimizar los efectos de ese uso excesivo, en algunos casos innecesario, de plaguicidas que violan una serie de derechos humanos. Un aumento en las prácticas de agricultura orgánica en muchos lugares ilustra que la agricultura con menos o sin plaguicidas es factible. Los estudios han indicado que la agroecología es capaz de proporcionar rendimientos suficientes para alimentar a toda la población mundial y asegurar que se nutren adecuadamente.

La afirmación promovida por la industria agroquímica de que los plaguicidas son necesarios para lograr la seguridad alimentaria no sólo es inexacta, sino peligrosamente engañosa. En principio, hay alimentos adecuados para alimentar al mundo; los sistemas de producción y distribución no equitativos presentan bloqueos importantes que impiden a los necesitados acceder a él. Irónicamente, muchos de los que sufren de inseguridad alimentaria son en realidad agricultores de subsistencia dedicados al trabajo agrícola, especialmente en los países de bajos ingresos.

La agroecología, considerada por muchos como la base de una agricultura sostenible, sustituye a los químicos por la biología. Es el estudio integrador de la ecología de todo el sistema alimentario, abarcando dimensiones ecológicas, económicas y sociales. Promueve prácticas agrícolas que se adaptan a los ambientes locales y estimulan interacciones biológicas entre diferentes plantas y especies para construir la fertilidad a largo plazo y la salud del suelo.

La cantidad de plaguicidas necesaria para proteger los cultivos depende de la solidez del sistema de cultivo. Si los cultivos se cultivan en lugares inadecuados, tienden a ser más susceptibles a plagas y enfermedades.

En las últimas décadas, la diversidad en los sistemas agrícolas se ha reducido considerablemente en términos de cultivos y variedades cultivadas en hábitats naturales. El resultado es una pérdida de servicios ecosistémicos como el control natural de plagas a través de depredadores y una pérdida de fertilidad del suelo.

La agricultura industrial se ha centrado en cultivar variedades de alto rendimiento que responden bien a los insumos químicos, pero que son más susceptibles a plagas y enfermedades. Como la mayoría de las empresas de semillas son ahora propiedad de empresas agroquímicas, hay un interés limitado en el desarrollo de variedades robustas. Para lograr la reducción de los plaguicidas, es esencial reintroducir la diversidad en la agricultura y alejarse de los monocultivos de las variedades únicas.

En la agricultura ecológica, los cultivos se protegen de los daños causados ​por  la biodiversidad y alienta la presencia de enemigos naturales de las plagas. Los ejemplos incluyen el desarrollo de hábitats alrededor de las granjas para apoyar a los enemigos naturales y otros animales salvajes beneficiosos o la aplicación de agrobiodiversidad funcional, utilizando estrategias científicas para aumentar las poblaciones enemigas naturales.

La rotación de cultivos y el uso de cultivos de cobertura también ayudan a proteger el suelo de varios patógenos, suprimen las malas hierbas y aumentan el contenido orgánico, mientras que las variedades de cultivos más resistentes pueden ayudar a prevenir las enfermedades de las plantas.

La agricultura agroecológica puede ayudar a asegurar los medios de subsistencia de los pequeños agricultores que viven en la pobreza, incluidas las mujeres, porque no hay una gran dependencia de costosos insumos externos.

Si se gestiona adecuadamente, la diversidad biológica y el uso eficiente de los recursos pueden permitir que las explotaciones de pequeños productores sean más productivas por hectárea que las grandes fincas industriales (A / HRC / 16/49).

La Medición del éxito de la agroecología en comparación con la agricultura industrial requiere más investigación. Estudios que utilizan marcos de tiempo cortos y los rendimientos de los cultivos individuales subestiman la productividad potencial a largo plazo de los sistemas agroecológicos.

Los estudios comparativos muestran cada vez más que los sistemas diversificados son ventajosos e incluso más rentables cuando se examinan los resultados totales, en lugar de los rendimientos específicos de los cultivos.

Con el objetivo de construir ecosistemas agroecológicos equilibrados y sostenibles, es más probable que la agroecología produzca rendimientos constantes a largo plazo debido a su mayor capacidad para resistir las variaciones climáticas y resistir naturalmente a las plagas.

Entonces - finaliza el reporte - el éxito debe calcularse en términos distintos de la rentabilidad económica y tener en cuenta los costos de los plaguicidas para la salud humana, la economía y el medio ambiente.

La Agroecología previene la exposición directa a los pesticidas tóxicos y ayuda a mejorar la calidad del aire, del suelo, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas.

La agroecología, que requiere menos energía, también puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionando sumideros de carbono.

 

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