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             Desde el comienzo ABSA no cumplió con la orden judicial, lo hizo recién y en forma irregular a partir de Febrero de 2013, luego  de que  la justicia  le impusiera una multa  de un millón y medio de pesos mensuales por no acatar la medida judicial cautelar dispuesta. La multa también fue confirmada por la justicia en todas las instancias.

            Sin embargo, el ajuste - aunque parcial- a derecho solo duró hasta fines del año 2013, ello cuando la causa Kersich entró a circular para su estudio en los despachos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Seguramente ABSA especuló con una decisión favorable del Máximo Tribunal de la Nación. No le fue bien.

          La Corte nacional, en Diciembre de 2014, confirmó la medida cautelar y le otorgó una tutela anticipatoria a los 2600 vecinos y  le ordenó al juez de primera instancia a que tutele el derecho humano de acceso al agua potable a todo el colectivo, es decir, a toda la población de 9 de Julio, incluidos claro, los 2600 vecinos. (Ver sentencia)

          La campaña de adhesión al amparo comprendió un trabajo arduo y a todo pulmón  de esas 25 familias por más de tres meses. A eso, se le sumó un relevamiento sanitario de 200 muestras de orina, consignadas por  quien encabeza la causa judicial, Juan Gabriel Kersich, Médico de 9 de Julio, que fueron remitidas al Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Rosario, a fin de analizar la presencia de arsénico. Los resultados fueron contundentes: mas del 60 % de las muestras daban valores de arsénico por encima de los permitidos.

           El propio Juan Gabriel Kersich documentó fotográficamente parte de ese proceso de concientización y de adhesión al reclamo judicial.  Los documentos gráficos fueron adjuntados a la causa judicial, para que los jueces vieran con sus propios ojos, la movilización de un pueblo reclamando por el reconocimiento de un derecho esencial, justo y absolutamente pertinente: derecho humano al agua potable.


              En Octubre de 2010, 25 familias de la localidad de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires, decidieron ir a la justicia para reclamar que el estado les provea agua potable.  En 9 de Julio, la problemática del agua para consumo se centra en la presencia de valores muy altos de arsénico. De la prueba documental aportada a la causa, que refiere a los estudios de agua realizados por el propio estado provincial, surge que la totalidad de la población de 9 julio (cabecera del partido) y de French, (pueblo del partido) consume agua no potable. Se hallaron registros de hasta 190 microgramos de arsénico  en el agua de red , 19 veces el mínimo aconsejado por la OMS.

             Como medida cautelar, se solicitó que, mientras tramitara el proceso, se  obligara a la prestadora del servicio de agua de red, Aguas Bonaerenses SA (ABSA), a proveer bidones de agua que cumpla con los parámetros de potabilidad de la Organización Mundial de la Salud, en sus respectivos domicilios y en las escuelas y hospitales de la ciudad.

           La medida fue efectivamente ordenada en relación a las escuelas, hospitales y a esas 25 familias, las cuales  se organizaron para convocar a la población a que se sume al reclamo judicial y consecuentemente  se le extendiera los efectos de la sentencia cautelar.             

            En apenas tres meses 2600 vecinos decidieron sumarse al reclamo. En Agosto de 2011, el juez de primera instancia les otorgó  a su favor, la medida cautelar; esa decisión seria confirmada por la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata en Octubre de 2011 y por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en Agosto de 2012.



"No hay duda de que en el caso, existe la necesidad de una tutela judicial urgente, en la medida que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas".
"El acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud
de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces".

 LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
EN RESPUESTA AL RECLAMO DE LOS 2600 VECINOS.