22 de Julio 2019


En  en una causa judicial iniciada por Naturaleza Derechos,  la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe decidir si el uso de agrotóxicos y la gestión de los envases que lo contienen, en el contexto de un aprovechamiento forestal de bosques implantados, son elementos constitutivos para obligar al titular del proyecto a realizar la evaluación de impacto ambiental.

En el caso no se debate el impacto de los agrotóxicos sobre la salud humana sino su afectación a la biodiversidad. Es decir, no hay una cuestión de metros de distancia de protección, sino que se pone en discusión el uso de agrotóxicos y sus implicancias sobre los componentes biológicos. Porque más allá de las distancias de protección que se puedan establecer para proteger a la población de las fumigaciones con agrotóxicos, estas sustancias siguen siendo peligrosas, por lo tanto no dejan de ser un problema, ni tampoco la biodiversidad y el ambiente pueden quedar al arbitrio de quienes inmiscuidos en una entelequia - para justificar las ventajas económicas sectoriales de un modelo agrario ecocida -, argumentan que aquéllas son amigables con el ambiente o que las buenas prácticas neutralizan cualquier efecto negativo.
Por ello, la arista del impacto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad y el ambiente también debe ser objeto de debate. Y es lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver en este caso.
En primera y segunda instancia, la justicia bonaerense con asiento en el departamento judicial de Mercedes sostuvo que no correspondía a la empresa titular del aprovechamiento forestal (Papel Prensa SA), en el Partido de Alberti (Bs. As) cumplir con la evaluación de impacto ambiental. El argumento central del rechazo del amparo era que Naturaleza de Derechos no había acreditado la existencia de un daño.

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Naturaleza de Derecho revertió la situación, sosteniendo que habiéndose acreditado que Papel Prensa era titular de un aprovechamiento forestal y que además se utilizaban agrotóxicos siendo necesaria una gestión de los envases de dichas sustancias químicas, le correspondía a la empresa  - comandada por los medios hegemónicos Clarín y La Nación - , realizar la evaluación de impacto ambiental. Además ordenó la suspensión de la actividad hasta tanto no se contara con la Declaración de Impacto ambiental emitida por la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

Papel Prensa apeló la sentencia del máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de la Nación, que previo a dictar sentencia, solicitó el dictamen de la Procuración de la Nación que se da a conocer a continuación.

El fallo de la Corte Suprema está pronto a salir.

DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN DE LA NACIÓN
Autos: "Cabaleiro, Luis Fernando c/ Papel Prensa S.A. s/ Amparo"
CSJ-Corte Suprema de Justicia de la Nación - 1917/2016, Monti, Laura M., el 25/02/2019
AMPARO AMBIENTAL. PRODUCTOS AGROQUÍMICOS. DESECHOS PELIGROSOS. FALTAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. PRINCIPIO PRECAUTORIO. DISCREPANCIA DEL RECURRENTE. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO. CONFIRMACIÓN DE SENTENCIA.

Suprema Corte:

A fs. 849/886, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al hacer lugar, parcialmente, al recurso de inaplicabilidad de ley planteado por Luis Fernando Cabaleiro contra la sentencia de la Sala 1 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes -en lo que aquí interesa- admitió el amparo que aquél había interpuesto contra Papel Prensa S .A. por incumplimiento de la ley nacional 25.675 y de las leyes provinciales 10.699, 11.720 Y 11.723 Y ordenó el cese (art. 23 de la ley 11.723) de la actividad forestal que desarrolla dicha empresa en el predio denominado "María Dolores" -paraje de Palentelén, Partido de Alberti- hasta tanto acredite haber obtenido la "Declaración de Impacto Ambiental" por parte de la autoridad competente (arts. 10 a 24 de la ley 11.723).

Asimismo, ordenó a la demandada que gestionara la disposición final de los envases que contuvieron agroquímicos con alguno de los operadores inscriptos en el Registro que habilita la ley 11. 720 y su decreto reglamentario 806/77. Los magistrados, en primer lugar, ponderaron que de las actuaciones labradas en sede administrativa, en especial de las inspecciones efectuadas por el controlador ambiental, surgía que en la plantación de la demandada se utilizaban agroquímicos, que no existía un plan de gestión de envases de esos productos y que la Administración provincial no había adoptado medida alguna destinada a controlar el uso de tales elementos ni la disposición final de los residuos tóxicos.

Afirmaron que se hallaba acreditado que la demandada no había cumplido con la obtención del certificado de impacto ambiental y tampoco con la obligación de gestionar la disposición final de los envases contenedores de los residuos especiales. Consideraron que ambas omisiones, a la luz de las normas sobre la materia y los principios de prevención y precautorio, tenían suficiente entidad de poner en peligro el ambiente. Puntualizaron que del informe elaborado por el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), agregado a fs. 843, surgía que habilitaciones no se contaba con ambientales del antecedentes referidos a proyecto denominado "María Dolores".

Asimismo, destacaron que toda la normativa referida al tema ambiental (arts. 41 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución Provincial, leyes 25.675 y 11.723) tienen como finalidad máxima evitar el daño al ambiente pues, como sostiene la doctrina sobre la materia, provocado el perjuicio, su reparación puede llegar a ser imposible y, por ello, es mejor prevenir que lamentar el acaecimiento de un daño irreparable. Expresaron que, precisamente, dicho propósito es el que persigue la Ley General del Ambiente 25.675, mediante los principios preventivo y precautorio, los cuales deben orientar las decisiones que en esa materia tienen que ser tomadas frente a las acciones antrópicas (art. 4° de la ley cit.), ya sea para delinear las políticas de preservación del ambiente como para resolver las causas que lleguen a los estrados judiciales. Así pues, sostuvieron que la Corte, en el caso "Comunidad Indígena Hoktek T' Oi c/ Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable si amparo" (C. 1205. XXXVII, sentencia del  11 de julio de 2002) estableció que la falta de cumplimiento de las leyes ambientales configuran la "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" que requiere el trámite del amparo, no necesitando otra investigación más. 

Concluyeron de tal modo que, en este caso, se habían evidenciado los incumplimientos a las leyes 25.675 y 11.723 configurándose la infracción denunciada por el actor.

En otro orden, desestimaron el agravio formulado por este último sobre el uso del agua. Adujeron que la cámara había analizado el informe emitido por la Autoridad del Agua (fs. 653), al expresar que "si bien la autoridad exigió que se tramitara el permiso del uso del agua subterránea no surge del mismo que la demandada extraiga agua para desarrollar la actividad de plantación de árboles. De manera que no se ve daño actual e inminente vinculado con el objeto del amparo. Por otro lado, la obtención del permiso ya tiene su correspondiente encauzamiento administrativo". Entendieron al respecto que no le asistía razón al actor por haberse desentendido de ese argumento central del pronunciamiento, cual era el cauce administrativo en curso, y que sólo insistía en que la demandada se hallaba en infracción con argumentos meramente subjetivos.

Disconforme con tal pronunciamiento, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 888/923, el que fue concedido a fs. 925/928. Asevera que la sentencia es infundada toda vez que, sin sustento alguno, afirma que incumplió con su deber de gestionar los residuos especiales, ello a pesar de que, en lo referido al transporte y disposición final de tales residuos, al margen de que el OPDS jamás le imputó dicha infracción, su parte cumplió debidamente con las disposiciones de la ley 11.720, según acredita con la prueba que agrega con este recurso, la que no acompañó con anterioridad debido a que resultó vencedora en las otras instancias y a la omisión del superior tribunal de requerirla como lo hizo con el pedido sobre la evaluación de impacto ambiental.

Expresa que los recaudos exigidos en el art. 10 de la ley 11.723, sancionada en 1995, sólo resultan aplicables a las obras nuevas iniciadas con posterioridad a dicha sanción, en tanto que su emprendimiento forestal comenzó en 1978. Por ello, considera que resulta irrazonable efectuar una evaluación de impacto ambiental, toda vez que el proyecto ya está funcionando y ha quedado acreditada la falta de daño, mediante los análisis de suelo obrantes en las actuaciones. Añade que, afín a esa disposición, el art. 11 de la ley nacional 25.675 establece que "toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución" (el resaltado fue agregado por el recurrente).
En lo que se refiere a la interpretación que efectúa el a quo de la ley 25.080 -vigente en la Provincia por adhesión de la ley 12.443 y su modificatoria 14.227- que impone, a los fines de acceder a sus beneficios, la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental, afirma que sus disposiciones tampoco le resultan aplicables, por un lado, porque tal ordenamiento no es una ley ambiental sino de estímulo de producción forestal para nuevos proyectos o ampliación de los existentes y, por el otro, porque dicha obligación surge sólo cuando el interesado voluntariamente solicita aquellos beneficios fiscales, lo que no es su caso ya que no pidió incorporarse a tal régimen. Al margen de ello, recuerda que el OPDS informó que las disposiciones de aquella ley exigen el estudio de impacto ambiental para los proyectos forestales que abarquen una superficie mayor de 100 hectáreas (v. fs. 837), mientras que -según sostiene- el predio dedicado a la forestación y reforestación de Papel Prensa S.A. es de 80 hectáreas por año.
Por otra parte, señala que dicho organismo provincial no se considera autoridad de aplicación de la mencionada ley, pues en el informe de fs. 843 expuso que la actividad forestal "se encuentra regulada en la sección II, titulo I, capitulo III, articulo 218 del Código Rural". Al respecto, aclara que el decreto provincial 837/04, reglamentario de la ley provincial 12.443, establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Asuntos Agrarios y que tanto el Código Rural como su decreto reglamentario no exigen evaluación de impacto ambiental ni declaración de impacto ambiental para la actividad que desarrolla.
Se agravia, también, porque en el pronunciamiento los magistrados resolvieron que cesara en sus actividades hasta tanto obtuviera una Declaración de Impacto Ambiental, cuya expedición corresponde al OPDS -el cual, recalcó, tuvo un criterio contrario a su otorgamiento-, provocando con tal exigencia la paralización de la provisión de materia prima básica para fabricar papel de diarios, tanto para la demandada como para otras empresas, pues ella es proveedora del 98% de los medios de prensa del país.
Por tal motivo, considera que la sentencia vulnera las garantías de libertad de prensa y de libre expresión, las cuales comprenden no sólo el contenido de la información sino también el soporte mediante el cual se la transmite. En ese sentido, expresa que la restricción de medios por los que se canaliza esa libertad puede ser empleada como instrumento de control, en abierta violación al art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que abarca tanto a los medios directos como indirectos de censura.
Por todo lo expuesto, entiende que el superior tribunal de la causa aplicó dogmática y arbitrariamente el principio precautorio que rige en materia ambiental, excediendo y contrariando las previsiones de la ley 25.675 que requieren la existencia de daño grave e irreversible para justificar la aplicación de dicha pauta. Ello, toda vez que -asevera- en la sentencia se omitió ponderar los estudios científicos agregados a la causa que demuestran la inocuidad de las actividades que se desarrollan en el establecimiento.

Considero que el recurso extraordinario es formalmente admisible, por hallarse en juego la interpretación de las normas federales de protección del ambiente y la decisión es contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3° de la ley 48).

Asimismo, los agravios fundados en la arbitrariedad de la sentencia, toda vez que se encuentran inescindiblemente unidos a la cuestión federal referida, se tratarán en forma conjunta. Al respecto, corresponde reparar que aun cuando no se interpuso recurso de queja, la amplitud que exige la garantía de defensa en juicio justifica que se consideren las causales referentes a la arbitrariedad del fallo, toda vez que no fueron objeto de desestimación expresa por parte del a quo y las deficiencias de la resolución apuntada no pueden tener por efecto restringir el derecho de la parte recurrente (Fallos: 307:458; 331:2271 y 337:88) .

En primer lugar, han quedado fuera de revisión las conclusiones del a quo en torno a los aspectos fácticos de la causa referidos al empleo de agroquímicos en la plantación de la demandada, así como a la falta de adopción de medidas destinadas a controlar el uso de tales elementos y la disposición final de los residuos tóxicos por parte de la Administración provincial.

Sentado lo anterior, en mi concepto, el tema que se somete a consideración del Tribunal se circunscribe, en primer término, a determinar si es exigible a la demandada la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental que requieren la ley nacional 25.675 y la ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires y si es correcta la aplicación que efectuó el tribunal superior del principio precautorio que establece el arto 4° del primer ordenamiento jurídico señalado.

Ante todo, cabe recordar que la Corte ha subrayado que la cláusula incorporada por la reforma de 1994 en el arto 41 de la Constitución Nacional implica el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como que la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configura una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditada en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente reformador de enumerar y jerarquizar con rango supremo un derecho preexistente (v. doctrina de Fallos: 329:2316, considerando 7°).

En ese contexto, por medio de la Ley General del Ambiente 25.675, el Congreso Nacional fijó los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, de la preservación y protección de la diversidad biológica y de la implementación del desarrollo sustentable (art. 1°). Esa ley rige en todo el territorio de la Nación y sus disposiciones -que son de orden público- se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a sus principios y disposiciones (art. 3°).

Así pues dicha ley que anticipa, fija los objetivos, los principios rectores de la política ambiental y los instrumentos de gestión para llevarlos a cabo (arts. 2°, 4°, 6° Y 8°) ha instaurado un régimen integrado por disposiciones sustanciales y procesales -destinadas a regir la contiendas en las que se discute la responsabilidad por daño ambiental-, y ha consagrado principios ordenatorios y procesales aplicables al caso, y que deben ser estrictamente cumplidos, resguardando y concretando así la vigencia del principio de legalidad que impone a ciudadanos y autoridades la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas en la ley.

El arto 4° de la ley 25.675 establece que la interpretación y aplicación de la ley y de toda otra norma por medio de la cual se ejecute la política ambiental estarán sujetas al cumplimiento de los principios que ahí enumera. Entre éstos, señala el "Principio precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".

De esta forma, el legislador incorporó al ordenamiento jurídico nacional este principio emergente del derecho internacional, que desde su aparición en las leyes alemanas de protección del medio ambiente de inicios de la década de los años setenta del siglo pasado fue extendiéndose a distintas legislaciones hasta consolidarse en diferentes conferencias internacionales. Así, por citar sólo algunas en las que participó nuestro país, cabe señalar que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 lo consagra como principio 15 de la "Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo", y que también lo recoge la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (art. 3.3), o el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobados por las leyes 24.295 y 24.375, respectivamente (conf. dictamen de esta Procuración en Fallos: 331:2223).

A partir de tales pautas, la aplicación que el tribunal superior efectuó del mencionado principio para resolver los temas que le fueron sometidos a su conocimiento es una de las interpretaciones posibles de aquella directriz legal en el marco de una contienda judicial. Ello es así porque, sobre la base de los informes de la OPDS obrantes en la causa -no controvertidos en el proceso- el a quo consideró que se empleaban agroquímicos en el predio de la demandada y, aun cuando no estaba probada la degradación ambiental, entendió que el principio del derecho ambiental al que se está aludiendo imponía a la demandada el deber de presentar una Declaración de Impacto Ambiental.

Es menester recordar que el art 16 de la aludida Ley General del Ambiente,  establece que "las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan", para lo cual "toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución" (ver arto 11)

Así pues, en casos como el presente la ley 25.675 coloca en cabeza de la parte interesada el deber de presentar la declaración jurada a los fines de manifestarse respecto de la posible afectación del medio ambiente resultante de su actividad, luego de lo cual el procedimiento continúa con un estudio de impacto ambiental cuya presentación será determinada por las autoridades competentes, quienes en consecuencia deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que deberán manifestar la aprobación o rechazo de los estudios presentados (conf. dictamen de esta Procuración en la causa CSJ 3570/2015/1/1/RH1 "Asociación Civil Protecc. Ambiental del Río Paraná Ctrol. Contam. y Restauración del Hábitat y otro c/ Carboquímica del Paraná S.A. y otro s/ amparo", del 27 de junio de 2018).

Idéntico criterio ha sido adoptado por la ley de la Provincia de Buenos Aires 11.723 (arts. 11 Y ss.), en la que además se prevé la suspensión de toda actividad llevada a cabo sin la previa obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (art. 23).

La demandada controvierte la aplicación de dichas normas, y la subsecuente exigencia de presentación de Declaración de Impacto Ambiental, en el convencimiento de que sólo rigen para los proyectos iniciados con posterioridad a la vigencia de tales leyes (años 2002 y 1995, respectivamente) y no para emprendimientos como el suyo que data de 1978.

Desde mi perspectiva no resulta arbitraria la sentencia en la medida que los jueces aciertan en interpretar tanto el derecho federal como el derecho público provincial a la luz del principio precautorio indicado.

Ello, toda vez que es propio de la exégesis buscar el verdadero sentido de la ley mediante un estudio atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador. De ahí que lo importante es no ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de sus normas, pues el cometido judicial no concluye con la remisión a la letra de éstas, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de aquéllas (Fallos: 338:1183 "Papel Prensa S.A." y sus citas).

En efecto, a mi juicio, el criterio amplio de interpretación que realiza el a quo de las normas señaladas en torno a la exigencia impuesta en ellas, de obtener la "Declaración de Impacto Ambiental", que abarca no sólo los proyectos futuros a la vigencia de aquéllas sino también los ya existentes, se condice con la aplicación del principio precautorio citado, toda vez que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad la prevención del daño futuro (Fallos: 329:2316) y con los precedentes  de la Corte en los cuales ha dicho que no es dable predicar la existencia de un derecho adquirido para desplegar un cometido que pudiese comprometer la salud pública o, en el caso, el ambiente y que, además, toda habilitación o concesión relativa a determinada actividad lleva la condición implícita de no ser nociva a los intereses generales (Fallos: 31:273).

Cabe recordar que a los fines de la tutela del bien colectiva tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro cuando se trata de actos continuados que podrían seguir produciendo contaminación y que la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, que son el correlato que tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales (conf. doctrina de Fallos: 329:2316).

En ese sentido, la realización de un estudio de impacto ambiental no significa una cuestión prohibitiva del emprendimiento en cuestión sino, antes bien, una instancia de análisis reflexivo, realizado sobre bases científicas y con participación ciudadana (conf. Fallos: 339:201).

Sentado ello entiendo, por otra parte, que los agravios de la apelante referidos a la omisión del a quo de ponderar los estudios científicos que agregó a la causa, los cuales -según expresa- demostrarían la inocuidad de las actividades que se desarrollan en el establecimiento y por ende la inexistencia de daño ambiental, remiten a cuestiones de hecho y prueba -materias propias de los jueces de la causa- que no son susceptibles de revisión por la vía excepcional del arto 14 de la ley 48 (Fallos: 306:378, entre otros). Además, es relevante tomar en cuenta que, en mi concepto, los magistrados no fundaron su resolución en la existencia de daño ambiental sino en su prevención, en el incumplimiento de las leyes 25.675 Y 11.723 que persiguen tal finalidad y ante la evidencia que demostraba que en el establecimiento se utilizaban herbicidas y que los envases empleados generaban un residuo de tipo especial (v. fs. 865 al hacer mérito del informe del OPDS). Por ello, concluyeron con cita de jurisprudencia de la Corte (Fallos: 325: 1744) "que la falta de cumplimiento de las leyes ambientales (25.675 Y 11.723) configuran la 'arbitrariedad e ilegalidad manifiesta' que requiere el amparo, no necesitando de ninguna otra investigación más" (v. fs. 866).

Así pues, los agravios expuestos sólo traducen las discrepancias de la apelante con relación a cuestiones de hecho y prueba y derecho público local extrañas al recurso federal que intenta (Fallos: 318: 73) y revelan, en mi concepto, una apreciación diferente sobre el criterio de selección y evaluación de los extremos aportados a la causa, sin demostrar apartamiento de las reglas aplicables, falta de fundamentación de los hechos conducentes del sub lite, o irrazonabilidad de las conclusiones (Fallos: 303:509). En otro orden, corresponde rechazar los planteos fundados en la vulneración de las garantias de libertad de prensa y de libre expresión, pues ello constituye, a mi entender, un tardío intento por introducir cuestiones no alegadas ni probadas en las instancias anteriores. Además, tales planteos, desarrollados por primera vez en el recurso extraordinario, de por sí habilitan su rechazo, conforme a la tradicional doctrina de la Corte que sostiene que, al no haber sido sometida la cuestión al conocimiento de los tribunales de las instancias anteriores, el planteo formulado en el recurso extraordinario constituye sólo el fruto de una reflexión tardía, que no puede ser considerado en esta instancia (Fallos: 303:167; 322:1926, entre otros).

Por idénticos motivos, cabe desestimar las consideraciones de la apelante en torno de los informes del OPDS -pedidos como medida para mejor proveer por la Suprema Corte-, de la interpretación del Código Rural provincial y su decreto reglamentario -en cuanto entiende que sus disposiciones no exigirían la evaluación de impacto ambiental- y de que el OPDS no sería la autoridad de aplicación de la ley 12.443 (por la cual la Provincia adhirió a la ley nacional 20.058), pues tales planteamientos, además de remitir a cuestiones de hecho y de derecho público local ajenos al recurso extraordinario, resultan extemporáneos al no haber sido formulados y desarrollados en la oportunidad que le brindaba el proceso (v. traslado ordenado por el tribunal a fs. 846 para que las partes alegaran sobre los informes de fs. 810/830 y 834/844, que no fue respondido por la aquí apelante) .

Lo expuesto es también aplicable a sus dichos sobre la gestión de los residuos de envases fitosanitarios -que según expresa llevaría a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la ley 11.720- y a la prueba documental que agrega con el recurso extraordinario, todo lo cual, por lo anteriormente señalado, sobre la extemporaneidad de su introducción en el presente recurso y por tratarse de cuestiones de hecho y prueba, tampoco puede ser evaluado en esta instancia.

Por todo lo expuesto, opino que corresponde desestimar el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 25 de febrero de 2019. ES COPIA LAURA M. MONTI